domingo, 2 de marzo de 2014

DISCRIMINATORIO “CORAZÓN AMIGO”






          Núñez falseo información del INEGI para poder hacer su programa a modo, aún así la Ley sobre Personas con Discapacidad señala que los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar por los menos al dos por ciento de personas con discapacidad del total de los trabajadores a su servicio, y las personas con discapacidad esperan que en este gobierno cambien las cosas para ellos





Auldárico Romero May
    Verdaderamente deleznable que el gobierno del Cambio Verdadero en todo momento intente disfrazar su mala actuación con una indigna doble moral agraviando constantemente a una sociedad que ya está harta de tantas infamias e hipocresías por lo que la entidad vive un momento muy complejo entre la cerrazón política y la politización del desarrollo social.
    Una galopante negligencia, desidia, falta de talento y sobre todo la falta de sensibilidad es el sello de un gobierno nefasto que de manera incongruente echó al olvido sus compromisos y todas sus acciones son a destiempo, incompletas e inadecuadas.
    Prueba de ello es el pomposo programa Corazón Amigo que no es tan transparente como se desearía, sino que tiene muchas verdades a medias y mentiras verdaderas, así lo muestran los diversos indicadores nacionales que ubican a la entidad en el último lugar nacional en la eficiencia de las acciones de gobierno para generar bienestar.
    Porque pese a que ha transcurrido un año y dos meses de que se inició oficialmente el ejercicio de este gobierno, las acciones que ha anunciado son solo una  parte mínima de los compromisos que adquirió, y en este caso este retardo propicia que diferentes grupos vulnerables no estén debidamente atendidos.
    En realidad este programa es solo un mal remedo de los programas que dejó Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, mismos que funcionan muy bien desde el principio porque desde su inicio precisó que estos programas sociales deben ser enfocados para la protección de los grupos vulnerables sin excepción, de forma incluyente y no discriminatoria como sucede con el Corazón Amigo.
    De entrada se tiene el candado que para ser beneficiario se debe tener una discapacidad que impida valerse por sí mismo. Desde este mismo momento es discriminatorio porque existen muchísimas personas con discapacidad que aun pueden valerse por sí mismos pero que necesitan esta ayuda.
    Luego señala Núñez, que viva en condiciones de pobreza. Otra excluyente discriminatoria, porque hay otro universo de personas con discapacidad aunque no estén precisamente en condiciones de pobreza.
    Luego de eso son 500 pesos que no sirven de nada a una persona con discapacidad e impedido para valerse por sí mismo, si ese es todo el programa está muy mal, si habrán otras acciones después de esta pues también está mal, porque significa que no tienen una visión completa de cómo van a ser estos programas, lo que demuestra la ineptitud e incapacidad del gobernante.
    Vamos, es un cínico manejo de información tendenciosa e irresponsable, de acuerdo a conveniencias políticas y económicas, que enturbian más las cosas y pierden credibilidad, ya que Núñez falseó información del INEGI para poder hacer su programa a modo.
    Porque de acuerdo al censo de Población y Vivienda 2010, se identificó a 132 mil 212 personas con discapacidad en el Estado, lo que representa el 5.9 por ciento de la población total, que nos ubica por encima de la media nacional que es el 5.1 por ciento, es decir, que nuestra entidad se ubica en el octavo lugar con mayor número de población con alguna discapacidad.
    Sin embargo, Núñez dice que de acuerdo al último Censo General de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INGI), 87 mil 235 personas, es decir, el 4 por ciento de la población en el Estado vive con algún tipo de discapacidad. De un plumazo desde el momento que arranca el Corazón Amigo, la entidad ya tiene 1.91 por ciento menos de personas con discapacidad. El pueblo rumora que son más puercos que los que andan siguiendo.
    Además las personas con discapacidad están inconformes con el programa porque Núñez hizo a un lado la Ley Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así también La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, notificado y firmado por México, entrando en vigor el 03 de mayo de 2008.
    Porque en ellos se indica que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas incluidos los que les afecten directamente, es decir, que se debe tomar en cuenta su participación para la aprobación de nuevos programas o políticas encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad, sin embargo, este programa se hizo sin el consenso de las organizaciones de las diferentes discapacidades.
    En la entidad subsiste una gran incredulidad resultado de la actual descomposición del tejido social promovido perversamente por promesas incumplidas y del cinismo con que se adueñan de las leyes manejándolas a conveniencia y abusando del uso de los recursos públicos a su antojo. Por ello se debe dar a conocer los montos que se emplearán para que la ciudadanía y las personas con discapacidad que no van a ser tomados en cuenta vigilen que los recursos se ejerzan en su totalidad y de manera transparente, de la misma manera se debe hacer si se echa a andar algún otro programa para personas con discapacidad.
    Por otra parte, los grupos de discapacidad se quejan de que en este gobierno de manera institucional existe un burocratismo total y sobre todo que quienes participan en hacer estos programas son personas carentes de toda sensibilidad.
    El artículo 27 inciso g), de la Convención sobre Personas con Discapacidad expresa que los Estados partes promoverán el derecho al trabajo y emplear a personas con discapacidad en el sector público, así también el artículo 64 de la Ley sobre Personas con Discapacidad señala que los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar por los menos al dos por ciento de personas con discapacidad del total de los trabajadores a su servicio que realicen la misma labor profesional, técnica o manual que cualquier otro, atendiendo al principio de progresividad, es decir, que este porcentaje puede aumentarse.
    Pero además las personas con discapacidad se quejan de que el gobierno del cambio los ha discriminado, humillado y sometido a diferentes géneros de violencia porque ha hecho ferias del empleo para que la iniciativa privada contrate personal y nadie, ni uno ha sido contratado, denunciando que dichas ferias han sido un completo fracaso, en el que se privilegia el burocratismo, la negligencia y la insensibilidad tanto social como humana, aunque por cierto, acaban de premiar a la ex titular del SEE.

Publicado en la edición 499 de la revista política Suceso de fecha 26 de Febrero de 2014

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