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Denuncia
que los servicios de salud para personas con discapacidad en nuestro Estado
carecen de profesionalización en el sector salud que brinda una atención
deficiente, excluyente, de baja calidad e incluso llega a la discriminación y
violación de sus derechos contenidos no solo en nuestra Constitución
Luis Uriel Acosta Magaña
Pensar que la
discapacidad es sinónimo de enfermedad es parte de la discriminación que por
ausencia de políticas públicas adecuadas de manera cotidiana y sistemática se
antepone al concepto de persona y dignidad que debe darse a quien padece alguna
incapacidad por lo que precisa de atenciones específicas como es el acceso a la
salud, ilustra Marilú Martínez Pérez, delegada estatal en Tabasco de «Inclúyeme
en tu Mundo A.C.».
La licenciada en
Pedagogía indica que precisamente la ley sobre los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco en su Artículo 26, señala
la necesidad que cada Hospital federal o estatal, cuente con una Coordinación
en materia de discapacidad para brindar atención digna y de calidad, con
obligatoriedad a la capacitación, formación y especialización de los
profesionales con personal altamente capacitado en cada una de las
discapacidades contando para ello con intérpretes de lengua de señas
mexicanas, señalamientos, material gráfico en braille, gerontología social,
independientemente de todas las tecnologías asistenciales así como proponer a
las instituciones encargadas de la aplicación de los programas de habilitación,
rehabilitación, aprendizaje, entrenamiento, y las normas técnicas para llevar a
cabo la prestación de los mencionados servicios.
De la misma manera
tenemos que en el artículo 36 se asienta que el Ejecutivo del Estado a través
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal,
desarrollará y asegurará la prestación de los servicios mencionados en el
artículo 26 incluyendo servicios sociales, de nutrición, médicos, formación
profesional y capacitación del personal necesario que permita a las personas
con discapacidad temporal o permanente alcanzar un nivel funcional óptimo, para
lo cual se proponen campañas de concientización y sensibilización a la
población en general, en cada institución de atención a la salud, sea de orden
público o privado, así como el conocimiento e información pertinente y relativa
a cada tipo de discapacidad y su atención profesionalizada contenidos en el
artículo 37.
Entrevistada en el
marco del Primer Foro de la LXI Legislatura para el Fortalecimiento de los
Trabajos Legislativos en Materia de Discapacidad, la dinámica activista resalta
que el derecho al más alto nivel de salud posible abarca disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad, por ello se indica en el artículo 39
que el Ejecutivo del Estado mediante la Secretaría de Salud impulsará,
fomentará y desarrollará en coordinación con otras instituciones, servicios
públicos y privados, las acciones y programas que comprende el proceso
habilitatorio y rehabilitatorio, llevándolo hasta las comunidades más
apartadas, acorde a las medidas presupuestales respectivas, y en este punto
subraya que debido a esto se ha propuesto que aquellas instituciones que no
cuenten con estos servicios los subroguen a instituciones especializadas según
sea el caso en cada discapacidad, para ser atendidas en tiempo y forma de
manera digna, oportuna y con servicios de calidad.
Denuncia que en lo
que respecta a los artículos contenidos en el capítulo III que hablan de la
Habilitación y Rehabilitación médico-funcional, no se cumplen de manera
integral y acertada los procesos de diagnósticos tempranos en discapacidad
psicosocial, así como el desarrollo terapéutico, de integración e inclusión en
personas adultas con estas afectaciones, ya que no existe la capacitación a los
profesionales de la medicina ni tampoco terapeutas especializados, para que su
servicio se caracterice por los beneficios de adoptar una perspectiva de
derechos humanos y no se ciña únicamente a la visión de enfermedad de la discapacidad.
Por lo que proponen
la creación del Instituto de Desarrollo Estatal para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, que se encargue incluso de realizar un censo
fidedigno sobre los índices de cada una de las discapacidades, y de lograr que
la mayoría de las personas con discapacidad sean atendidas oportunamente hasta
donde se encuentren, facilitando así su desarrollo e inclusión en el ámbito
escolar, social y laboral, señala la gestora social.
LOS SERVICOS DE SALUD CARECEN DE
PROFESIONALES
Señala de igual
manera que los servicios de salud para personas con discapacidad en nuestro
Estado carecen de profesionalización en el sector salud que brinda una atención
deficiente, excluyente, de baja calidad e incluso llega a la discriminación y
violación de sus derechos contenidos no solo en nuestra Constitución, en esta
Ley en el Estado sino en la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo, aprobado por la Asamblea General de la ONU
mismo que desde el 2008 fue firmada por México.
Estos principios no
han sido llevados a la práctica ni materializados en acciones concretas, debido
también a la falta de la reglamentación pertinente en esta materia, sin
establecer sanciones específicas a la violación de los derechos de las personas
con discapacitadas, por lo que la población con esta vulnerabilidad y sus
familias esperan que de acuerdo a lo propuesto en este Primer Foro los
artículos contenidos en esta ley se cumplan y se aplique un reglamento para que
esto sea regulado sistemáticamente, de no ser así se sancione de manera
económica la discriminación, la mala calidad en la atención, el maltrato del
que son objeto, y las violaciones a sus derechos humanos.
Fuerte, radical,
directo pero con alto sentido humano es el posicionamiento de Marilú Martínez
Pérez, en el día a día de sensibilizar a la ciudadanía y que «Inclúyeme en tu
Mundo» sea un referente precisamente de que las personas con autismo, Síndrome
de Asperger, Síndrome de Rett, TDA/TDAH, o con cualquier trastorno de
desarrollo participen en las esferas biológicas, psicológicas y sociales.
Publicado
en la edición 491 de la revista política Suceso de fecha 9 de Octubre de 2013
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