Carlos Hernández Chablé
El diputado del
PAN, Francisco Castillo Ramírez, en día 19 de noviembre, subió a tribuna y
destapó la cloaca que existe en la Secretaria de Salud, al dar a conocer un
punto de acuerdo para que el Órgano Superior de Fiscalización y la Auditoría de
la Federación hagan una investigación de los hechos que expuso en la sesión
ordinaria de ese día, por lo importante del asunto mostramos una síntesis del
punto de acuerdo que presentó:
«En días pasados, un servidor tuvo conocimiento
de la difusión de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No.
LO-927006974 de la obra denominada «Ampliación del área de Oncología del
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús», con recursos
del Ramo 12, a cargo de la Secretaría de Salud, a través del portal Compranet.
Dicha
convocatoria fue publicada desde el 17 de octubre del presente año, junto con
las Condiciones Generales del Contrato, a efecto de que cualquier interesado
presentara sus proposiciones a más tardar el 14 de noviembre de 2014. No
obstante lo anterior, en fecha 7 de noviembre de 2014 es publicado de manera
repentina un «Aviso de Cancelación» mediante el cual se da por concluido el
proceso de Licitación.
La cancelación de
la licitación en cuestión, obedece a una notificación realizada mediante oficio
SOTOP/826/2014 al Secretario de Salud, Juan Antonio Filigrana Castro, misma que
obra en los expedientes de la Secretaría de Contraloría, por medio de la cual,
la Secretaría de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas pone en
su conocimiento la ilegalidad del procedimiento, toda vez que las dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado tienen la obligación de convenir con dicha
Secretaría cualquier licitación que tenga carácter de obra pública, cuando la
misma rebase el monto de 500 mil pesos.
Derivado de lo
anterior, nos dimos a la tarea de investigar la normatividad relevante al caso,
encontrando que conforme al numeral 86 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,
los entes públicos del Poder Ejecutivo «Podrán atender de forma directa las
obras de los proyectos cuyo importe no rebase los 500 mil pesos, en caso
contrario deberá de convenir su ejecución con la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas». En este punto hay que recordar que por tratarse
de una Licitación Pública es evidente que la Obra tiene que superar
necesariamente el monto de 2 millones de pesos.
En este mismo
orden de ideas, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas establece en el artículo primero, párrafo 4 lo siguiente: «…las
entidades que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, (como la SOTOP) aplicarán criterios y
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los
ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos,
sujetándose a sus propios órganos de control…» Es decir, la normatividad
aplicable al caso es el citado Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014.
Por otra parte,
la Secretaría de Salud tiene como facultad, conforme al artículo 32 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado el «Colaborar con la Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas relacionadas con la
regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de construcción
especializada, mantenimiento y protección sanitaria de las instalaciones,
servicios y establecimientos de salud»
En razón de los
ordenamientos jurídicos puestos como antecedente, es evidente que la Secretaría
de Salud inició de manera irregular un procedimiento de licitación pública. Lo
que nos debe preocupar y ocupar en este momento es: ¿Cómo es posible que una
dependencia tan trascendental para nuestro Estado, haya sido omisa en la
observancia de la Ley en materia de licitación de obra pública?, ¿Cómo evitar
suponer que la actuación de la Secretaría de Salud fue dolosa, si los
servidores públicos a cargo de las áreas competentes presuntamente tienen la
capacidad y la experiencia necesarias para conducir dentro de la legalidad los
actos que suscribe ésta dependencia?
Pero además, ¿Qué
garantía podemos tener los tabasqueños de que no se han suscrito previamente
contratos de obra pública o de cualquier otra naturaleza por parte de la
Secretaría de Salud o de cualquier otra dependencia del Estado contraviniendo
la ley, si ya confirmamos que puede llevarse a cabo una licitación de ésta
naturaleza sin que existan candados administrativos, normativos y de
procedimiento suficientes y eficientes que lo eviten?
No puedo evitar
decir que personalmente tengo certeza de que las cosas en la Secretaría de
Salud no se están haciendo bien. No solamente por la situación que venimos a
acreditar hoy en esta tribuna; sino por muchos otros hechos que hemos dado a
conocer a la opinión pública aquí y a través de los medios de comunicación, sin
que hasta la fecha exista una investigación formal o alguna sanción que
garantice a los tabasqueños que situaciones como la de ésta licitación
irregular son excepciones, y no la regla que nos induzca a considerar que en
nuestro Estado la corrupción no solamente es tolerada, sino consentida o por
instrucción de algunos Secretarios.
Pero lo que
resulta más indignante de ésta situación, es que con la cancelación del
procedimiento de licitación de la ampliación del área de oncología del Juan
Graham, se posterga una obra de gran relevancia para los tabasqueños, se
pospone la oportunidad de salvar vidas humanas, de dar un mayor y mejor
servicio a los pacientes afectados por cualquier tipo de cáncer.
El cáncer es la
tercera causa de muerte en nuestro país; y en Tabasco, tan sólo en este año se
han diagnosticado más de 5 mil casos, y han fallecido más de mil cuatrocientas personas
por alguna de sus variedades. Del 2010 al 2013 la incidencia de muerte por
cualquier tipo de cáncer incrementó en un 8 %. Y ante éstos datos no se
entiende porqué algunas personas pretenderían lucrar con una obra tan
importante. Podemos explicarlo únicamente como un intento fallido de hacer
negocio o en el mejor de los casos, una franca incompetencia de algunos
servidores públicos para ejercer sus funciones.
Además del caso
que les estamos presentando, tenemos conocimiento del Concurso con número SS-COPP-DA-001/2014
consistente en el Mantenimiento del Centro de Salud del Ejido Redención del
Campesino en el Municipio de Tenosique, Tabasco, con un techo financiero de 2
millones 950 mil pesos, pero, del que desconocemos si a la fecha fue cancelado
o sigue en proceso.
Es por lo
anterior, que resulta de la mayor importancia que se lleve a cabo una
investigación a fondo para saber quién o quiénes autorizaron la Licitación
Pública Nacional de la obra denominada «Ampliación del área de Oncología del
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús», y se
investigue el estado que guarda el concurso del Centro de Salud del Ejido
Redención en Tenosique, para que se deslinden las responsabilidades
administrativas correspondientes. Y por supuesto, resulta aún más importante
que se informe a ésta Soberanía cuál fue la ruta crítica de corrupción en éstos
procedimientos, así como si existen otros procedimientos irregulares, no
solamente en la Secretaría de Salud, sino en cualquier dependencia de la Administración
Pública Estatal.
Publicado en la
edición 515 de la revista política Suceso de fecha 26 de Noviembre de 2014
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